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La concesión como
participación del sector privado en servicios del sector
público es una figura legal que se encuentra respaldado
en la ley de Modernización del Estado. Esta modalidad
de contratación permite financiar obras públicas
que el gobierno no puede realizar por falta de recursos económicos.
En el caso de CONCEGUA S. A. concesionaria
vial oriental, mantiene un contrato de concesión de
obra pública, con el Honorable Consejo Provincial del
Guayas, para el diseño, rehabilitación, administración,
operación, mantenimientos y servicios de las vías
principales de la Provincia del Guayas en su zona oriental
con 248.1 Km. de longitud, por un plazo 20 de años.
La inversión que realiza la concesionaria la recupera
con el cobro de peaje durante el plazo del contrato.
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Este contrato se firmó,
en octubre de 1998 y en estos casi ocho años transcurridos
hasta la fecha hemos resistido a situaciones críticas,
tales como el fenómeno de "El Niño”;
la debacle económica del país, agudizada desde
1998, que tocó fondo con los feriados bancarios; el
abandono de los accionistas extranjeros y la dolarización.
Hasta la fecha los siguientes objetivos han
sido logrados: la Etapa I en que se realizaron los estudios
definitivos de los 248.1 Km. de vía, los trabajos iniciales
y de obras adicionales no consideradas en la oferta, como
consecuencia del fenómeno climatológico recurrente
“El Niño” de 1997-98 que afectó
a la costa ecuatoriana y muy particularmente a la provincia
del Guayas; la rehabilitación anticipada (50%); los
servicios al usuario anticipados (50%); las estaciones de
peaje (50%); los sistemas de operación de cobro y control
del peaje; señalización horizontal y vertical,
entre otras tareas.
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Vale mencionar que el cobro del peaje, se
inició en algunas vías, en el año 2000,
y su política fue de cobro parcial de la tarifa contractual
en forma escalonada (50%) y se lo fue implementando únicamente
en aquellas vías que habían sido rehabilitadas
por la concesionaria. Estos dos hechos fueron el ingrediente
de aceptabilidad de la concesión por los usuarios y
la ciudadanía en general.
Otro de los objetivos alcanzados fue la terminación
de la Etapa II, durante la cual se logra la rehabilitación
total de los 248.1 Km. de vías concesionadas; terminación
de las 6 estaciones de peaje; y se complementaron todos los
servicios de grúas, auxilio mecánico, servicio
médico; ambulancia; patrullaje; telefonía móvil;
y se dio inicio a la operación aplicando una tarifa socialmente
aceptable de $1,00, inferior a la tarifa contractual
de $1.25, por decisión del concedente como acto de
autoridad, subsidiando de esta forma al usuario, el H. Consejo
Provincial del Guayas en $0.25.
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Nos encontramos en el sexto año de la Etapa
III de operación. y las vías se encuentran en buen
estado; se ejecutan los mantenimientos rutinario, periódico
y emergente a fin de conservarlas con niveles de servicio especificados,
la operación de control de tráfico y el cobro de peaje
se realiza en forma normal. En la actualidad, los sistemas de cobro
y control han sido mejorados con nuevas tecnologías que facilitan
y permiten que esta operación se la realice de la manera
más transparente posible. Para ello, disponemos de un centro
de comunicaciones que enlaza la central con todas las estaciones
de peaje.
Una de las metas de esta concesión es la de dejar a cuatro
carriles todas las vías concesionadas, al término
del período de la concesión. Al momento disponemos
del 20.04% de vías ampliadas a cuatro carriles.
El éxito de las concesiones en la provincia
del Guayas se debe principalmente a las buenas relaciones que existen
entre el concedente y la concesionaria; a la bien entendida existencia
de lo que se llama tarifa socialmente aceptable; al mantenimiento
del equilibrio económico-financiero del contrato, al mantenimiento
de las vías con los índices de servicio especificados
y la transparencia del sistema de cobro e información.
Así mismo este tipo de contrataciones y
negocios de riesgo, tendrán éxito en tanto el concedente,
el gobierno de turno, los políticos, los entes de control
del estado y los gremios del transporte, no atenten contra la seguridad
jurídica del contrato.
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